
El Movimiento de Participación Comunitaria Indígena, sacó el tercer lugar en las elecciones del municipio de Humahuaca cuya lista la encabezó una mujer. En el contexto de discusión de la implementación del patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO. El movimiento Indígena de la Quebrada se presenta a elecciones y debate el ante proyecto de Patrimonio de la Humanidad. El Movimiento de Participación Comunitaria Indígena, sacó el tercer lugar en las elecciones del municipio de Humahuaca. La candidata a intendente de la lista 305 se llama Luisa Beatriz Quiroga, indígena, maestra y autoridad de la comunidad de Chorrillos. La población de Humahuaca como de toda la Quebrada es mayoritariamente indígena, claramente mayoritaria. Pero es la primera vez que se presenta una lista indígena a disputar la gestión municipal. “La decisión de presentarnos fue consensuada por 37 comunidades, de las cuales votaron 26, que son las comunidades que están en la jurisdicción, pero las demás acompañaron la decisión” (Sixto Quispe Lopez). En el proceso previo a la elección se propusieron ocho candidatos de diferentes comunidades para encabezar la lista. Los representantes de las comunidades concurrieron con un acta de aval firmado por los miembros de su comunidad para la elección del candidato a intendente. “Luisa Quiroga representa nuestra visión comunitaria y por eso fue la elegida, compitió con cuatro listas justicialistas, lemas encubiertos, encabezadas por hombres”(Ricardo Gutiérrez). El movimiento de participación Comunitaria, tuvo pocos días de campaña, y escasos recursos. No les permitieron presentar la palabra indígena en la boleta, ni el emblema de la wipala Una de las mesas fue impugnada por razones no muy claras en la que la urna de la mesa 1123 de varones de la localidad de Hornaditas, salió con votos y llegó vacía y sin la firma del presidente de mesa a la junta electoral. La lista 305 logró ingresar un concejal Rodolfo González, que anima al movimiento Indígena a continuar en la disputa electoral. Pero no es lo único que sucede en la Quebrada, declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO en el 2004, debe conformar un gobierno autártico para gestionar la preservación y desarrollo sustentable del lugar y de su población. Los departamentos de Tílcara, Humahuaca y Tumbaya están en proceso de discusión del anteproyecto. La propuesta del gobierno prevé un presidente elegido por el poder ejecutivo provincial y seis vocales, de los cuales tres son los respectivos intendentes municipales y los otros tres deben ser elegidos entre actores de la sociedad civil, los empresarios y los pueblos indígenas. En el mejor de los casos, el gobierno autártico quedaría conformado por un representante de los pueblos indígenas (expresamente el anteproyecto establece que debe ser miembro de una comunidad indígena con personería jurídica*) y seis miembros del poder político, económico y de la sociedad civil (iglesia, docentes, etc.) Los y las dirigentes indígenas expresan su disconformidad con la propuesta que no respeta el artículo 169 de OIT, ni la reciente Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por las Naciones Unidas que establecen el derecho a la autodeterminación. Por otro lado mencionan que el Tribunal Contencioso Administrativo de la provincia de Jujuy, en junio del 2006, emitió un Amparo Colectivo a favor de los Pueblos Indígenas de Jujuy que obliga al estado provincial y a los estados municipales a garantizar la participación en todas las actuaciones administrativas a las comunidades indígenas en lo que respecta al derecho a sus tierras, territorios, recursos naturales y a arbitrar medidas en respeto a las culturas y valores espirituales. Los departamentos de la Quebrada y las comunidades indígenas están discutiendo una propuesta que los incluya como sujetos de derecho (ya que el marco jurídico está) y que ingrese a la agenda una lista de problemáticas que van desde la explotación minera a cielo abierto a sólo 60 Km. de Humahuaca, el basurero municipal a sólo 500 metros de la ruta 9 donde se abandona la basura sobre una superficie de 10 has, el cementerio de residuos tóxicos de una minera en Aguilar, hasta la demanda de programas sociales que atiendan las problemáticas de los jóvenes indígenas con altas tasas de suicidios.
(Cordoba)
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